Emplazan a la FGR: documenta la no tortura o liberarán a más detenidos

Redacción Noticias.- De no atenderse los lineamientos establecidos por el Poder Judicial de la Federación, el próximo jueves 26, cuando se cumplen cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podrían ser liberados otros tres involucrados en esos hechos.

La tendencia de liberaciones, que hasta ahora suman 77 de las 142 personas consignadas durante el sexenio pasado –entre ellas la de Gildardo López Astudillo, él único con sentencia absolutoria– continuaría entre el miércoles 25 y el jueves 26 si la Fiscalía General de la República (FGR) no entrega al Juzgado Primero de Procesos Penales, de Matamoros, Tamaulipas, los Protocolos de Estambul para determinar si las declaraciones de Carlos Canto Salgado y Raúl Núñez, también detenidos, fueron obtenidas de forma lícita o bajo tortura, toda vez que fueron utilizadas para inculpar a otros tres implicados en el delito de delincuencia organizada.

El jueves 12, el juez Samuel Ventura Ramos emitió un acuerdo por el que emplaza a la FGR a entregar la documentación en los próximos 10 días naturales, a los que se suman 72 horas, para resolver la situación jurídica de tres inculpados, Eury Flores López, Mateo Palacios Benítez o Mateo Benítez Palacios, y Salvador Palacios Benítez o Salvador Benítez Palacios, señalados en su momento por la Procuraduría General de la República (PGR) como integrantes de una célula del Grupo Guerreros Unidos, denominada Los Peques o Los Tilos, quienes impugnaron autos de formal prisión de octubre de 2017.

En su acuerdo –consultado por este semanario– toma como base la resolución de un amparo en revisión, el 242/2018, emitido el 22 de agosto de 2019 por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, que tuvo por ponente al magistrado Mauricio Fernández de la Mora.

En apego a dicha resolución, el juez Ventura Ramos ordena dejar insubsistentes autos de formal prisión del 2 y 7 de octubre, “así como todo lo actuado con posterioridad a la declaración preparatoria de los referidos indiciados, ello con el propósito de recabar experticias por peritos independientes, conforme al Protocolo de Estambul”, de Canto Salgado y Núñez Salgado, dos de las seis declaraciones que integran el cúmulo probatorio, compuesto por 12 elementos contra los tres inculpados.

En caso de que la FGR no entregue en el plazo fijado los dictámenes requeridos, al resolver la situación jurídica de los indiciados “deberá tomarse en cuenta la demora en la presentación o puesta a disposición, las múltiples lesiones que presentaron los declarantes, además de todos los fallos protectores emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en el Estado de Tamaulipas”. 

Cabe recordar que Canto Salgado fue identificado en un video, divulgado en la primera semana de junio en Youtube, donde aparece con los ojos cubiertos con cinta canela, sometido, mientras es atormentado por dos personas uniformadas como elementos de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Marina, mientras se escucha la voz de quien presuntamente fue identificado como Carlos Gómez Arrieta, encargado de despacho de la Policía Federal Ministerial durante la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la PGR (Proceso 2225).

En la declaración ministerial de Canto aparece el nombre de Eury Flores López, como una persona, entre otras, que estuvo la noche del 26 de septiembre en el bar de su propiedad, así como que escuchó que Raúl Núñez Salgado señaló que Los Peques habrían estado “involucrados en la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa”.

De acuerdo con el documento, incluido en el tomo 38 del expediente, Canto mencionó como algunos de los integrantes de Los Peques a personas conocidas como Rey, Salvador, El Teo y El Tilo. 

Vía a la liberación

El magistrado ponente de esta resolución, Mauricio Fernández de la Mora, es el mismo que en mayo de 2018 ordenó la creación de la “Comisión para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, cuya existencia y operación aún no está resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aún no determina su facultad de atracción sobre las impugnaciones que interpuso el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

El camino hacia la posible liberación de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos es prácticamente el mismo que recorrieron los 24 expolicías municipales de Iguala y Cocula acusados de la desaparición de los jóvenes bajo la modalidad de secuestro, que fueron puestos en libertad bajo reservas de ley el sábado 14.

Los 24 liberados, como los tres presuntos integrantes de Los Peques, impugnaron el auto de formal prisión que se les impuso por delincuencia organizada y secuestro, y en la resolución de su amparo en revisión también se dio un plazo de 10 días naturales a la FGR para presentar 17 dictámenes de Protocolos de Estambul, aplicables a quienes señalaron a los policías como responsables de dichos delitos.

Esa circunstancia, que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, calificó en su conferencia de prensa del domingo 15 como “una afrenta a los trabajos de investigación que realiza el gobierno federal a través de la Comisión Presidencial por la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, se derivó del resolutivo de otro amparo en revisión, el 36/2018, fechado el 18 de julio de 2019, cuyo autor es Fernández de la Mora.

De tal manera que al juez primero de Distrito de Procesos Penales, Samuel Ventura Ramos, le correspondió atender las indicaciones, y más allá de decretar la libertad bajo reservas de ley de las 24 personas, tras declarar como ilegales 45 de 80 pruebas presentadas por el Ministerio Público, hace suyos los planteamientos del Tribunal Colegiado para trasladar a la FGR el reto de presentar pruebas encaminadas a demostrar que la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, lo que ocurrió en Iguala fue una desaparición forzada y no un secuestro, como formuló la PGR de Murillo Karam.

Reclasificación del delito

De acuerdo con los autos de libertad bajo las reservas ley de la causa penal 100/2014-VII-TER, emitidas el 14 de septiembre –documentos a los que este semanario tuvo acceso–, Ventura Ramos cita parte de la resolución del Tribunal Colegiado, en que se advierte que “sin prejuzgar, la conclusión fáctica a la que arribó la autoridad responsable correspondería más al tipo penal del delito de desaparición forzada de personas”.

En su análisis el juez retoma la sentencia del Caso Radilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, una jurisprudencia del ministro José Ramón Cossío, el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas de mayo de 2018, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el que se relatan hechos ocurridos hace cinco años en Iguala, que encuadran ese delito de lesa humanidad.

Según el juez, “si bien en ambos tipos penales la acción común es la privación de la libertad, en el caso de la desaparición forzada hay un rasgo característico que es el ocultamiento de todo lo relacionado con la localización o destino de la víctima”.

Agrega que una vez excluidos 45 medios de prueba, “el restante material probatorio aportado por el Ministerio Público al ejercer acción penal acredita los elementos del tipo penal del delito de Desaparición Forzada”.

Entre los elementos que se consideran válidos está la denuncia de los familiares de las 43 víctimas; las declaraciones de procesados que confirmaron que los jóvenes “fueron privados de su libertad por agentes de la Policía Municipal”, entre los que se identifica a mandos de las corporaciones; así como evidencias de que “se habían realizado maniobras tendientes a ocultar la detención” de los estudiantes, como “la quema de fatigas del día de los hechos y el cambio del número de las patrullas”.

Para el juzgador, las probanzas que presentó la autoridad ministerial “son idóneas y suficientes para acreditar que el 26 de septiembre de 2014 diversos estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (…) fueron interceptados y privados de su libertad por policías municipales, al menos, del municipio de Iguala, Guerrero, mientras transitaban por ese municipio; que no hay constancia de que éstos fueron presentados ante alguna autoridad ministerial y menos judicial, y que hasta este día los agentes del Estado que participaron no han reconocido haber privado de la libertad a los pasivos y se han negado a proporcionar la información sobre su destino o paradero”.

Sin embargo, Ventura advierte que pese a tenerse por acreditado el delito de desaparición forzada, “el fiscal no logró desvirtuar la presunción de inocencia, acreditando que los indiciados que nos ocupan participaron en el delito”, de ahí que dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de los inculpados.

De acuerdo con Apro, el juzgador advierte que “el Ministerio Público en ejercicio de sus atribuciones (…) podrá promover nuevas pruebas, hasta reunir los requisitos necesarios para acreditar la probable responsabilidad y con base en ello, en su caso, solicite orden de aprehensión”. 

Apunta: “No es ocioso reiterar que el sentido de esta resolución no constituye una decisión de fondo o definitiva, sino que, como se expuso y se reitera, el agente del Ministerio Público incumplió con su carga probatoria que le obligaba a justificar mediante datos de prueba suficientes y lícitamente obtenidos la probable participación de los indiciados”.

En pocas palabras, toca a la FGR presentar pruebas contundentes que acrediten lo que los padres y madres de familia han reclamado, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que los 43 fueron desaparecidos por agentes del Estado, por tanto fueron víctimas de desaparición forzada. 

 

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