El derecho humano al agua: reflexiones para la política pública (I) / En la opinión de Guillem Ramírez

Por Guillem Ramírez Chico

En mi columna de la semana pasada intentaba subrayar la importancia de trabajar para políticas públicas – especialmente a nivel local – que permitan a la mayoría de la ciudadanía alcanzar estándares de vida decentes. Mencionaba expresamente la relevancia de las competencias de estados y municipios en la gestión del agua y, en concreto, la provisión del servicio de agua potable. Hoy me gustaría profundizar en esta cuestión, poniendo sobre la mesa algunos puntos de interés para una nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas de la Ciudad de México – que debiera elaborarse próximamente.

La actual Ley de Aguas Nacionales fue aprobada en 1992, esto es, veinte años antes de que el derecho al agua fuera adoptado en la Constitución de la República. Así, un primer elemento de cara a elaborar una política pública que tenga el derecho humano al agua como vector principal sería su inclusión en la ley federal. Esto pasa, también, por garantizar una gestión participativa de la gestión hídrica, democratizando las estructuras de toma de decisiones. Para ello, resulta fundamental el papel que la ley otorga a organismos consultivos participados, pero sin poder de decisión real (como los Consejos de Cuenca), en relación a los organismos ejecutivos (Organismos de Cuenca). Una mayor participación de la sociedad civil, los usuarios y la academia – vehiculada a través de Consejos de Cuenca con poder real, por ejemple – sin duda contribuiría a incrementar la coherencia de las políticas públicas con sus objetivos socio-ecológico sobre el territorio en el que impactan.

Si nos fijamos concretamente en la provisión del servicio de agua potable, su actual sistema de gobernanza se articula alrededor de los Estados y los municipios. Sin embargo, la división competencial entre ambos niveles de gobierno es a menudo difusa: ambos tienen competencias sobre la infraestructura hidráulica de abastecimiento de agua potable, por ejemplo. De hecho, esta fragmentación confusa de responsabilidades es uno de los factores que dificulta la aplicación de una política hídrica coherente en todas sus fases. En segundo lugar, también facilita la emergencia de prácticas de corrupción: si no hay una política hídrica coherente, hay más espacio para tomar decisiones sobre el agua que obedezcan a intereses particulares más que al interés general. Por último, tal falta de claridad en el reparto de competencias se traduce en la infrafinanciación del servicio de agua potable: ¿por qué el Estado o el Ayuntamiento van a gastar de sus propios recursos en una inversión que consideran responsabilidad del otro?

Para dar respuestas a estas cuestiones resulta fundamental la participación de los distintos órdenes de gobierno en la elaboración de la ley y también, claro está, la de la sociedad civil. La concurrencia de todos estos actores resultaría fundamental para la aplicación de una política de garantía del derecho humano en los territorios. Por ello, es esencial también una ley local – la Ley de Aguas de la Ciudad de México, en el caso de la capital – que facilite la aplicación del derecho en la ciudad y sus delegaciones. La semana próxima abordaremos esta cuestión.

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Guillem Ramírez Chico es politólogo por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), y cuenta con una maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Ámsterdam. Se interesa por el desarrollo urbano, los derechos humanos, la gobernanza local en un mundo de ciudades y la crisis ecológica del planeta.

Las opiniones emitidas en esta columna son responsabilidad de quien la escribe y no reflejan necesariamente la línea editorial de este medio.

 

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