En la Sierra-Costa de Michoacán “le tenemos más miedo al Estado que a los criminales”

Las policías comunitarias fueron las que terminaron con chantajes, secuestros, dicen pobladores

Alejandra Guillén

Redacción: MX Político

Aquila, Mich. (apro).- Las comunidades de la Sierra-Costa de Michoacán se mantienen en alerta ante los nuevos delitos que la Procuraduría General de la República (PGR) imputa a los comandantes de las policías comunitarias que desde 2014 resguardan los municipios de Coahuayana y Aquila.

Por ello, el Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán exige al gobierno federal que cese los hostigamientos, que retire los cargos y que se presenten en la región Berta Paredes, delegada de la PGR en Michoacán, y Tania Jaqueline Rangel Villaseñor, agente del ministerio público que integró las carpetas de investigación por los delitos de robo, secuestro, delincuencia organizada, robo de gasolina, lavado de dinero, entre otros.

“Es aberrante que fabriquen delitos a quienes son nuestros guardianes”, dice un empresario de Coahuayana y miembro del Concejo Ciudadano (pide anonimato), pues desde que se hicieron cargo de su propia seguridad en 2013 “la gente ya puede dormir tranquila (…) lo que tenemos es un mando ranchero que se sostiene con nuestra palabra, con un peso, con una despensa, con lo que aportamos todos, el Estado en cambio no gasta ni en un litro de aceite para darnos seguridad”.

A principios de noviembre llegó un citatorio de la PGR dirigido al alcalde de Aquila, José Luis Arteaga, donde también aparecían los nombres de Cemeí Verdía, comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula (quien ya estuvo preso en 2015 y salió libre al demostrar su inocencia); Germán Ramírez, encargado de la seguridad municipal de Aquila; Héctor Zepeda Navarrete, a cargo de los comunitarios de Coahuayana; y Rubén Baltazar.

El Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán mantiene un plantón en la carretera de Lázaro-Cárdenas en el punto llamado Triquis (donde está la intersección con la carretera que conduce hacia la cabecera municipal de Aquila) como presión para que el gobierno federal explique la situación legal de los imputados y retire los cargos contra los comandantes.

De lo poco que saben de la carpeta de investigación es que inculpan a los comunitarios del secuestro de cinco policías municipales de Aquila que ellos mismos rescataron de manos de los Caballeros Templarios. El 6 de febrero de 2017, hombres armados (los testigos reportaron que era “gente vestida con uniformes de la Marina”) se llevaron a cinco municipales originarios de San Pedro Naranjestil que vigilaban el puesto de revisión de la comunidad indígena de Tizupan –ubicado sobre la carretera federal 200 que conecta Michoacán y Colima­–.

Los comunitarios de Aquila y Coahuayana se movilizaron de inmediato para buscarlos y después de tres días lograron su liberación, lo cual fue relevante para la región ya que lograron rescatar con vida a los desaparecidos. Desde que los privaron de su libertad, el alcalde de Aquila, José Luis Arteaga, interpuso ante la Procuraduría General de Justicia de Michoacán una denuncia penal por secuestro de sus policías municipales. Ahora es él y los comandantes que participaron en la liberación a quienes la PGR acusa de secuestro. Germán Ramírez dice irónico: “por rescatar a nuestros compañeros ahora nos premian con órdenes de aprehensión”.

El Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Costa-Sierra de Michoacán se conformó el pasado 9 de noviembre ante el hostigamiento permanente de la PGR, la Marina Armada de México y la Sedena contra los pueblos que siguen a cargo de su propia seguridad.

“Hace cuatro años nos mataban como pollos. Todos nosotros somos personas dolidas que queremos mantener la paz y tranquilidad que han logrado los comunitarios. Ahora vean con gusto cómo están las playas, cómo está la gente, teníamos hambre de vivir tranquilos. Ustedes revisen las estadísticas del Estado y somos los municipios donde ya no hay robos, extorsiones ni desapariciones”, resaltó el mismo empresario de Coahuayana que pide anonimato y que participó en una rueda de prensa el lunes 4 de diciembre en la cabecera municipal de Coahuayana.

Berta Paredes, delegada de la PGR en Michoacán, declaró al medio local Idimedia que quienes tienen que asistir a la ciudad de Morelia a conocer los detalles de las investigaciones son los imputados o sus abogados, que la “carpeta de investigación está debidamente sustentada” y que no existe orden de captura en contra de ninguno.

El Concejo Ciudadano señaló en un comunicado de prensa del 5 de diciembre que los elementos de seguridad se encuentran en proceso de regularización tal y como se ha acordado con las autoridades estatales, “por lo que condenamos enérgicamente esta nueva serie de ataques directos contra la tranquilidad de nuestros municipios”, ya que la detención de los comunitarios “puede ser motivo para que se desate un nuevo escenario represivo y de militarización de la región”.

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